Dr. Isaías Ramos
Nuestra constitución en su artículo 59 es muy explícito sobre el alcance y la función del Estado para garantizar que sus ciudadanos puedan vivir dignamente: “Toda persona tiene derecho a una vivienda digna con servicios básicos esenciales. El Estado debe fijar las condiciones necesarias para hacer efectivo este derecho y promover planes de viviendas y asentamientos humanos de interés social. El acceso legal a la propiedad inmobiliaria titulada es una prioridad fundamental de las políticas públicas de promoción de vivienda”.
Pareciera que los que nos han gobernado en las últimas décadas se olvidaron de que vivimos bajo los principios de un Estado Social y Democrático de Derecho. Han olvidado que el respeto a la dignidad humana, los derechos fundamentales y los derechos sociales y económicos están consignados en nuestra constitución como un deber supremo de hecho y no de palabras y letras muertas. Poco les ha importado las condiciones infrahumanas en la que vive la mayoría del pueblo dominicano, carente de los servicios más esenciales que garanticen una vida digna, como lo son el sistema de cloaca y el agua potable.
Ninguno de los gobiernos posteriores al 1996 y hasta la fecha han entendido que la vivienda es una necesidad, no un negocio o un privilegio de algunos. La vivienda digna es un derecho establecido en la constitución, por lo que los gobiernos deben garantizar y promover las acciones necesarias que cumplan con tal mandato.
Es injusto y miserable el sistema político establecido en el país a partir del 1996, un neoliberalismo saqueador y una corrupción depredadora de los recursos que deberían utilizarse para las obras y los proyectos que garanticen los derechos y el bienestar de todos los dominicanos. Han hecho del Estado un gran negocio, desviando los recursos para el enriquecimiento de unos pocos privilegiados a costa del hambre, la inseguridad, el desempleo y falta de los servicios esenciales que carece la mayoría de la población.
De manera imperceptible nos van desmontando el Estado Nación y nos van entregando a un “sistema de política mundial privada bajo el orden mundial neoliberal”, donde la vida humana vale una guayaba. Es este sistema que día a día ha ido diluyendo esas características de nuestra identidad cultural, social, y política. Hasta nuestra frontera, nuestra historia nuestros símbolos han querido trastocar.
Es inaceptable que la mayoría del pueblo dominicano continúe viviendo en condiciones infrahumanas. Mientras el sistema político populista y demagogo continua despilfarrando los recursos sin darle repuesta a las necesidades básicas que carece la población.
Es la hora de ofertarle al pueblo dominicano un proyecto de nación que apunte a cumplir con los derechos establecidos en nuestra constitución y que tienda a satisfacer las necesidades básicas de la población. En donde un proyecto de construcción de viviendas y asentamientos tendrían un impacto social, ambiental y económico virtuoso en todo el país.
Con una deuda social acumulada sin precedente de un déficit habitacional de más de 1.5 millones, podría parecer inalcanzable disminuir de forma significativa esa carencias. Sin embargo, lo que no se comienza tampoco se termina. Debemos de aprender de países que en algún momento estuvieron en condiciones similares o peores que nosotros, como son China y Singapur.
El Estado deberá aportar entre un 3 y un 4% del PIB para la construcción de 30 a 50 mil soluciones habitacionales anualmente. Estas obras generarían entre 200 mil a 300 mil nuevos empleos directos e indirectos y, lo más importante, se le cambiaría el presente y futuro a igual número de personas que habitarán las viviendas entregadas. Calculamos que entre la corrupción y la evasión fiscal, el Estado deja de percibir más de un 12% del PIB. Por tanto, la inversión de capital para viviendas en la magnitud mencionada arriba resultaría insignificante. Es cuestión de poner interés en recuperar parte de lo que se pierde para equilibrar los números.
RD SI PUEDE!
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