El 30 de abril del 1997 resultó ser un día negro para nuestra nación. Marcó el futuro y estableció las consecuencias de lo que hoy nos toca vivir. Ese día se legalizó la manera de robar y saquear al pueblo dominicano de forma elegante. En esa ocasión, se aprobó la ley 141-97 ( Ley General de Reforma de la Empresa Pública) que entre sus “considerandos” declara “Que el patrimonio nacional puede ser utilizado eficientemente para enfrentar la pobreza y devolver parte de la deuda social contraída con el pueblo dominicano desde una óptica de desarrollo sostenible" y “Que para asegurar un manejo apropiado de las empresas públicas se requiere introducir en ellas importantes reformas internas , incluyendo una decisiva participación privada en su patrimonio y gestión".
Nada más ilusorio y engañoso que esas declaraciones. Esta ley fue aprobada por la partidocracia representativa que nos gobernaba en aquel momento. La misma que continúa robando y saqueando al pueblo dominicano a través de diferentes mecanismos. Ellos utilizan una ingeniería social arrolladora que ha sido exitosa hasta el día de hoy: la mentira, el engaño y la manipulación no han tenido límites.
Entre las empresas entregadas al sector privado, están los 10 ingenios del CEA, 26 empresas del CORDE, los hoteles y principales aeropuertos del país y, por último, el sector eléctrico.
La idea de que los recursos obtenidos por el traspaso al sector privado de este enorme patrimonio conllevarían mejores condiciones para los dominicanos, eliminación de los subsidios y mejor servicio público fue pura manipulación.
Queremos resaltar la crisis energética que actualmente está afectando a gran parte de la población. Estamos conscientes que antes de la privatización existían los apagones, pero resulta inaceptable que 25 años después continuamos igual y a un costo inimaginable que no solo se mide en el aspecto financiero, sino que ha servido como traba del desarrollo del pueblo dominicano.
Antes de la privatización, el gobierno “subsidiaba" al sector eléctrico con un promedio de 150 millones de dólares al año, con una oferta que solo abastecía a un 70% de la demanda. En esos años, las instituciones públicas no pagaban el servicio de electricidad, así como un porcentaje alto de la población. Hoy en día, las instituciones públicas pagan el servicio, así como la gran mayoría de la población. También en aquellos años, el subsidio básico era dirigido a los consumidores que no pagaban y las mismas instituciones públicas. Hoy, sin embargo, el subsidio es 7 veces mayor y no va en beneficio de la población, sino hacia un sector de generación eléctrica ineficiente, caro y poco confiable.
A pesar de contar con una capacidad instalada superior a la demanda, no significa energía disponible. Recordemos el famoso contrato realizado por el gobierno dominicano en el 1998 con Congentrix para la instalación de una planta eléctrica de una capacidad de 300 MW, que debido a su obsolescencia era preferible mantenerla apagada. El Estado terminó pagando más de mil millones de dólares a cambio de una supuesta inversión de cerca de 250 millones de dólares para una planta que nunca brindó el servicio. Pagamos por mantenerla apagada, debido a lo leonino de este contrato.
Este despropósito de entregar el sector energético, que es esencial y estratégico en lo económico, social y la seguridad nacional, ya lleva casi 20 mil millones de dólares de subsidio a los “bendecidos" inversionistas del sector de generación eléctrico, mientras el desdichado pueblo dominicano sufre más, paga más impuestos, siente mayor presión, y lo más grave, tiene un futuro incierto, cargado de injusticia para las futuras generaciones que son los que cargarán con esas deudas.
Lo más lamentable es que esta partidocracia junto a una élite económica insaciable continúa con más fuerzas apoderándose de los bienes públicos. En la actualidad cursa un proyecto de ley que busca suprimir la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE) y la Unidad de Electrificación Rural y Sub-urbana (UERS). También preparan los mecanismos para adueñarse de la Central Termoeléctrica Punta Catalina. Esta última una inversión que al pueblo dominicano le ha costado al pueblo dominicano 2 o 3 veces su valor real (que aún no está claro). El pueblo dominicano podrá disfrutar los beneficios generados por esta planta, pues esta será entregada a un sector financiero sin rostro, sin alma y sin corazón. Ellos utilizarán estos recursos para someter al pueblo a la miseria y a la presión.
Estos son los mismos que se encaminan a brindar a la población pan y circo con sus dos candidatos ya elegidos para el 2024 los cuales les garantizan la impunidad para continuar saqueando y oprimiendo a la población.
Con los casi 20 mil millones de dólares de “subsidio” que se han gastado, podríamos haber creado un sistema energético eficiente, competitivo y amigable con el ambiente. Un sistema que genere suficiente energía para incluso poder vender a países vecinos. Es importante que el pueblo, hoy más que nunca, se empodere con el fin de liberarse de estos sectores opresores que atan el pueblo a la miseria. De lo contrario, nos llevarán al fondo del abismo, donde los rayos del sol de justicia no llegarán.
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